A lo largo de su historia, México ha sido por excelencia una nación generosa y ha acogido a personas de distintas nacionalidades que son perseguidas en sus países de origen o ven amenazada su existencia por distintos motivos. Destacan en este sentido los casos de españoles, chilenos y guatemaltecos que han recibido en nuestro país la condición de refugiado o asilado político.
Desde 1980 se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), con el objetivo de establecer con los organismos internacionales correspondientes convenios en esta materia; estudiar las necesidades y los problemas de la población refugiada, así como proporcionar protección y ayuda para buscar soluciones de carácter temporal o permanente en lo relativo al empleo y autosuficiencia económica de estas comunidades.
Sin embargo, fue hasta 2011 que el Estado mexicano emitió un marco jurídico en la materia. Así, pues, se expidió la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la cual sería modificada en 2014. En este instrumento se considera como persona en condición de refugio a quien “siendo extranjero, debido a temores fundados, se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual, o bien es perseguido por motivos de raza, género, nacionalidad, religión, violación de derechos humanos, opiniones políticas o conflictos internos”.
Esta ley es uno de los grandes avances a nivel nacional en la materia, dado que no está vinculada al estatus migratorio, además de que asigna a la Comar la responsabilidad de resolver las solicitudes del reconocimiento de refugio.
Además, esta normativa regula las acciones del Estado mexicano a partir de los principios de no discriminación, no devolución y no sanción, así como la ampliación conceptual de las violaciones a los derechos humanos como motivo de salida del país de origen.
En el contexto actual, en el que los flujos migratorios hacia y a través de nuestro país han aumentado considerablemente, las solicitudes de condición de refugiado también lo han hecho en la misma magnitud. A pesar de que la intención inicial de las personas migrantes provenientes principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, pero también de Sudamérica, el Caribe y algunos países del continente africano, no era permanecer en México e iniciar un proceso de solicitud de la condición de refugiado, sino llegar a Estados Unidos, algunas de ellas eligieron iniciar sus trámites ante la Comar.
En este sentido, es de destacar que el Gobierno de México impulsa una política en materia de refugio y migración con pleno respeto a los derechos humanos. México es solidario y empático ante el escenario de violencia y marginación que impulsa a quienes se desplazan de sus lugares de origen. Por ello, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas participa en la realización de foros que permitan analizar la condición de refugiado y de distintos tipos de movilidades a través de un enfoque de derechos humanos que permita construir políticas públicas en beneficio de las y los mexicanos y quienes decidan integrarse y reconstruir su vida en nuestro país.